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¿Rappi-problemas o Rappi-oportunidades? Los desafíos de la gran unicornio colombiana

Rappi, una innovadora plataforma de plataformas, se ha convertido en una verdadera revolución. Hoy por hoy, simboliza como ninguno el emprendimiento en Colombia y Latinoamérica.

Se transformó en el primer unicornio –startup valorada en más de US$1.000 millones– que tiene Colombia, y sigue creciendo. Todavía no alcanza a ser rentable, pero su valoración supera los US$3.000 millones.

Rappi ya opera además en Brasil, México, Argentina, Chile, Uruguay y Perú. Y, por si fuera poco, protagonizó la principal transacción en el primer semestre de este año en Colombia: Softbank, uno de los más grandes fondos de inversión del mundo, le inyectó US$1.000 millones de capital fresco.

Además, logró que Davivienda –una de las instituciones financieras más poderosas del país, perteneciente al Grupo Bolívar– entrara a formar parte de Rappipay. Este servicio permite hacer retiros en los cajeros del banco con la aplicación de Rappi mediante códigos QR. Y se puede usar además en comercios para realizar transferencias de dinero y pagar impuestos y facturas.

Rappi representa hoy para Colombia lo mejor de la economía digital: nos ha enseñado la necesidad de pensar a nivel global. Demostró que las buenas ideas encuentran financiación y que sí hay plata para emprender. En general, Rappi puso a Colombia en el mapa del emprendimiento mundial.

Pero también, como toda startup exitosa, tiene su lado polémico y genera profundos debates. El primero, si estas compañías agregan valor o capturan el que otros sectores producen. Además, su disrupción genera interrogantes en los frentes laboral, tributario, de protección de datos del consumidor y hasta de competencia.

Como explicó a Dinero Pablo Márquez, exdirector de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y socio de la firma de abogados Márquez, Barrera, Castañeda y Ramírez, “su modelo de negocio va tan rápido y de una forma tan disruptiva que las disposiciones legales no se acomodan, simplemente no casan. Esa ficha no sirve en ese rompecabezas legal”.

Esta realidad ha generado situaciones complejas. En primer lugar, los ‘rappitenderos‘, las personas que llevan las mercancías a los clientes, han protestado reiteradamente pues exigen un mejor trato laboral. Además, como ocurre con otras aplicaciones, muchos usuarios se quejan porque no saben quién responde en caso de mal servicio o deficiencias en los productos transados por medio de la plataforma. Como si fuera poco, para las autoridades de tránsito se ha vuelto un problema la proliferación de ‘rappitenderos‘ en bicicleta o moto que no respetan las normas de tránsito. Finalmente, ya hay investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que sancionó a Rappi por su falta de gestión para proteger los datos de los usuarios y por quejas de consumidores.

La situación ha puesto al Gobierno a buscar fórmulas para atender este escenario de negocios y competencia y encontrar estrategias para ‘nivelar la cancha‘. Sin duda, los negocios, desde siempre, han ido mucho más rápido que las regulaciones. Hace apenas unos tres lustros, empresas de telecomunicaciones como ETB, Orbitel y la extinta Telecom pagaron más de US$300 millones por licencias de larga distancia que apenas unos años después quedaron obsoletas ante el desarrollo de internet y las comunicaciones.

Este no es un fenómeno local. El debate sobre las implicaciones de las aplicaciones y de las grandes empresas tecnológicas anda en su punto más alto en el planeta. Solo un ejemplo: la más reciente cumbre de ministros de Finanzas del G7 llegó a un acuerdo para gravar a las grandes tecnológicas con un impuesto similar al que ya se aplica en Francia. Allí estas firmas deben pagar una tasa de 3% sobre sus ingresos brutos.

Muchos expertos se hacen preguntas de fondo acerca del aporte económico de estas iniciativas. Cuestionan hasta qué punto hay una relación proporcional entre la forma en que una compañía digital genera valor y su manera de obtener ganancias. Rappi, en menos de dos años, pasó de ser una iniciativa de tres jóvenes para ofrecer servicios a domicilio en una tienda de barrio a ser una multinacional. En solo cinco meses (de diciembre de 2018 a abril de 2019) Rappi recibió $4,4 billones en capital, más de la mitad del recaudo que generó la última reforma tributaria.

Esta startup crece a tasas de 20% mensual, tiene 3.000 empleados y, como explicó su fundador Simón Borrero, en reciente entrevista a Semana, “Rappi ha generado oportunidades de trabajo a más de 50.000 ‘rappitenderos‘ y si seguimos creciendo a este ritmo, en un año estaremos generando oportunidades a 500.000 en la región. Esa es una cifra relevante para nuestros países”.
Rappi entra al mercado chileno
Economía en Modo Rappi

Por otro lado, el modelo de Rappi tiene éxito porque no se centró en el domicilio. Empezó a buscar todo lo que podía generarle valor al consumidor en una aplicación, pero también oportunidades para la oferta. Cuando la aplicación de Rappi crece y se vuelve viral, masifica su lado de consumidores pero también debe crecer su modelo de negocio por el lado de comercios y servicios.

Estos modelos de negocio necesitan que ambos lados crezcan lo suficientemente rápido para ser atractivos. Por eso Rappi no solo tiene que ver con comida: introdujo a su oferta patinetas, seguros, medicinas, transacciones financieras y como plataforma empieza a aglomerar muchos negocios, pero también a incorporar otras plataformas.

Como ha dicho Borrero: “La idea es desarrollar algo como la nueva generación de Alibaba y Alipay, eso es lo que queremos construir. Queremos ser la empresa de tecnología más importante de la región. La idea (con la inversión de Softbank) es volver a Rappi una super app, una aplicación en donde resuelves tu vida. Pero eso no lo hacemos solos, necesitamos a otras startups que crezcan rápido gracias a vivir dentro del ecosistema Rappi. Así como las patinetas de Grin que tenemos hoy, vendrán muchas otras novedades, como doctores en casa, telemedicina y muchas otras, que facilitarán la vida a la gente”.

Para ello no solo necesita juntar consumidores con la oferta, también requiere una pata fundamental de ese trípode: los ‘rappitenderos‘. Al efecto se combinaron varios factores: gente dispuesta a pagar porque le traigan un producto o le presten un servicio; comercios que buscan nuevos canales para crecer y personas dispuestas a prestar el servicio en su tiempo libre. Pero esta última condición, planteada ya en apps como Uber, condujo a que muchas de esas personas encontraran allí su única forma de sustento. Un panorama impulsado en Colombia por las altas tasas de desempleo y por una migración venezolana en aumento. Ese es uno de sus más importantes nichos, pero también donde se concentran gran parte de sus problemas.

“La innovación disruptiva de alto nivel trae per se en cualquier país problemas legislativos. No somos los primeros ni los últimos abocados a una brecha muy grande entre la innovación y el emprendimiento”, dice Ignacio Gaitán, director de iNNpulsa. Según él, es el impacto que genera una implementación que no tiene que ver con el negocio principal sino con el despliegue del mismo.

Esa forma de crecer pone los pelos de punta a muchos expertos, autoridades y reguladores. Parecería que la gente no se hubiera percatado de algo que las startups plantean: la manera acelerada de generar valor.

Pero ese, justamente, es el punto de discusión. La economista Mariana Mazucatto, una de las gurús en temas de innovación, acaba de plantear el asunto en su libro El valor de las cosas.

Según ella, los economistas clásicos “distinguen entre trabajo ‘productivo’, que contribuye a aumentar el valor de lo que se produce, y trabajo ‘improductivo’, que no lo hace. Las actividades que dan beneficios a las plataformas online –los anuncios, el análisis de la información privada y el comportamiento de los usuarios– no aumentan el valor de lo que se produce, que son servicios para usuarios que consisten en, por ejemplo, poner un mensaje en Facebook o hacer una búsqueda en Google. Más bien, esas actividades ayudan a las empresas a competir entre sí para apropiarse, de manera individual, de una participación mayor del valor producido”.

El tema es sensible, pues no se trata de un simple asunto de percepción o valoración moral. Plantea una paradoja de valor: las startups muestran unos procesos de valorización exponenciales que hacen suponer que están ofreciendo una transformación en los servicios y productos que ayudan a intermediar. Pero las hamburguesas que Rappi lleva son las mismas que los restaurantes ofrecían antes de aparecer esta compañía. Así la pregunta se refiere al valor agregado que generan estas startups. Desde una perspectiva de las cuentas nacionales, el valor agregado corresponde al precio del bien final menos el precio de los bienes intermedios. Pero aún no queda resuelta la pregunta sobre qué es un bien intermedio para la economía digital.

El verdadero bien final que ofrecen las startups es la forma de administrar los datos que acumulan. Eso llevó a otro investigador del impacto social de la tecnología, Evgeny Morozov, a asegurar que “en lugar de pagar nosotros a Amazon una tarifa por utilizar sus capacidades en inteligencia artificial –construida con nuestros datos–, habría que exigirle a Amazon que nos pagara esa tarifa a nosotros”.

Desde un punto de vista contable, la economía digital basada en administrar data vive de la economía “real” y se justifica solo en la medida en que la tecnología de datos contribuye a generar mayores eficiencias en las unidades productivas de la economía real. La labor de Rappi se justifica solo en la medida en que ayude a sus clientes corporativos a entregar más rápido, y en mayores cantidades, los bienes o servicios que ofrecen.

Así, es posible concluir que las tecnológicas como Rappi usan un bien intermedio, consistente en una base de datos masiva que le han entregado sus usuarios acerca de sus hábitos y ubicaciones geográficas. Algunos expertos van más allá. Dicen que para establecer el verdadero valor agregado, Rappi debería informar el precio que está dispuesta a pagar por obtener los datos y cuánto va a cobrar por administrar y hacer uso inteligente de esa información. Sobre esa base se podría analizar su verdadero impacto económico y su valorización real en los mercados de capitales. En este frente, la sociedad apenas está dando sus primeros pasos.

Por eso, muchos países, como los del G7, están dirigiendo su análisis hacia una perspectiva impositiva: lo que las grandes tecnológicas tienen que pagar por acceder a nuestros datos.

Mazucatto señala que, justamente por estas razones, hay que poner en tela de juicio la narrativa respecto de la ola de innovación que ahora mismo enfrenta el mundo. Explica que esto genera dos tendencias preocupantes: una hacia el monopolio en el uso de la información por el efecto de red que implica. Y otra hacia los retornos desproporcionados basados en una noción equivocada de valor.

Y de allí se desprenden todos los desafíos que genera la economía digital, fundamentada en la administración de datos. Las polémicas sobre si los ‘rappitenderos‘ son empleados de Rappi, el debate acerca del uso de las bases de datos, la polémica sobre qué tanto depende Rappi de sus propios clientes y qué pasaría si decidiera montarles competencia en la economía real. Y, finalmente, cuántos impuestos deben pagar por una actividad cuyas rentas dependen de administrar datos, algo absolutamente novedoso.

Esto ha llevado a una situación en la que, según Mazucatto, “los riesgos en la economía de la innovación se socializan, mientras las recompensas se privatizan”.

Abordar el debate representará un esfuerzo titánico. En Colombia el Plan Nacional de Desarrollo estableció un plazo de un año para regular las plataformas. Tres ministerios –TIC, Transporte y Comercio– ya trabajan en el tema. Movimientos políticos como el Partido Verde y el Centro Democrático radicarán iniciativas legislativas en este nuevo periodo de sesiones del Congreso. El Gobierno tiene la idea de unificar los proyectos en uno solo.

Buscar el justo equilibrio plantea un reto gigantesco, en especial cuando la velocidad de los negocios no da tregua. Pero tampoco se puede desconocer el valor de la innovación y las posibilidades que trae para que los países abran nuevos escenarios de crecimiento que permitan sacar a muchas más personas de la pobreza. Según un reciente estudio de McKinsey, en esta década los países de América Latina han crecido en promedio a 2,8% anual, mientras los asiáticos, apalancados en la innovación y el desarrollo, lo han hecho por encima de 4%. El país debe decidir si quiere un mercado excesivamente regulado o un justo medio para que estos modelos maximicen el bienestar colectivo. Para ello requiere unas reglas de juego claras, que atraigan los recursos de capital que necesitan y permitan balancear los objetivos de política pública. Una tarea nada sencilla.
El lío laboral

Los ‘rappitenderos‘ han protestado por sus condiciones laborales. Ante ello, la ministra de Trabajo, Alicia Arango, ha dicho que “es un tema importante, dado que Rappi es un generador de empleo impresionante. El problema es que ellos dicen que el señor ‘rappitendero‘ tiene un contrato con quien le entrega el domicilio. Pero el que se gana la plata es Rappi. Ese tipo de cosas es ofensivo. Tenemos que reglamentar el tema y eso se hace por ley, en un proyecto que presentaremos al Congreso para regular todos los temas de plataformas digitales.

“La Constitución de Colombia define que cualquier trabajador debe tener condiciones dignas de trabajo. Nosotros pensamos que a los ‘rappitenderos‘ les falta disfrutar un poco de dignidad en su trabajo. Creemos que Rappi nos puede dar la mano en dignificar un poco más ese trabajo. A Rappi le acaban de meter US$1.000 millones. Defendemos el emprendimiento y nos parece que Rappi es lo máximo, pero también estamos defendiendo los derechos de los trabajadores y sobre todo de los más vulnerables, de los que ganan menos del salario mínimo”.Por su parte, Rappi ya contrató una Administradora de Riesgos Laborales (ARL) para atender a los ‘rappitenderos‘.Para muchos expertos esto puede representar una oportunidad: analizar la cotización por horas es una de las salidas. Eso abrirá oportunidades a personas que están en la informalidad a una atención en salud y ahorro para la vejez.
En los ojos de la SIC

Desde 2016 los consumidores han presentado 432 procesos contra Rappi ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). De ellos se mantienen vigentes cerca de 100. La Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales ha fallado el 78 % a favor del querellante, y en la mayoría de los casos le ha exigido a Rappi devolver el dinero.

Las problemáticas se agrupan en cuatro tipologías: 1) calidad e idoneidad del servicio ofrecido (incumplimientos o demoras en la entrega), 2) información y/o publicidad engañosa respecto a precios o los términos y condiciones de los ‘Rappicréditos‘; 3) el derecho de retracto, la prerrogativa que tiene todo consumidor de resolver unilateralmente el contrato en ciertas condiciones y 4) la protección contractual. Este último es el derecho que tienen los consumidores contra la presencia de cláusulas que le pongan en una posición de desequilibrio injustificado.La SIC también ha tenido a Rappi en la mira por el tema de la protección de datos. La entidad le impuso una multa de casi $300 millones por la queja de un ciudadano que solicitó sin éxito a Rappi dejar de usar su información y no enviarle correos electrónicos o mensajes de datos con fines comerciales o de marketing. Además de la multa, la SIC le ordenó adoptar medidas para proteger los derechos de las personas respecto del tratamiento de su información. Entre otros, el derecho de supresión de sus datos y la exigencia de que exista autorización previa para su tratamiento.

Muchos sectores ven las plataformas digitales como una amenaza. Pero el sector financiero colombiano las considera una oportunidad para avanzar en su transformación digital. Lo prueba la alianza entre el Banco Davivienda y Rappi, que permitirá realizar pagos con la aplicación. Sin duda, esto representa una apuesta por la innovación y la inclusión, afirma Santiago Castro, presidente de Asobancaria. Agrega que este tipo de integraciones va a permitir aprovechar mejor los 4,8 millones de depósitos electrónicos y fomentar el uso de medios de pago digitales.

No obstante, en el mundo hay un fuerte debate por temas como la nueva moneda de Facebook. Muchos temen que este tipo de iniciativas sirvan para blanquear dinero o para evadir impuestos. De hecho, los ministros de Finanzas del G7 alcanzaron un consenso para “actuar rápidamente” ante el “preocupante” proyecto de libra, la criptomoneda del gigante de internet. Sin duda, las nuevas plataformas representan un cambio hacia un nuevo sistema bancario y de pago. Castro afirma que el cambio es bienvenido “siempre y cuando se eviten arbitrajes regulatorios y se garantice la estabilidad del sistema y el bienestar de los usuarios”.

El pago de impuestos ha estado tradicionalmente atado al concepto de ejecución territorial. Y dado que ahora los servicios se prestan “en la nube”, la regulación se está quedando obsoleta.

Cuando se trata de un negocio “tradicional” por medio de internet, por lo general se le aplican los mismos criterios que a un contribuyente normal. Pero cuando el servicio en sí mismo es digital y se presta desde otras jurisdicciones, el tema se vuelve más complejo. Por esto, nadie ha podido responder del todo en el mundo la pregunta de cómo gravar plataformas como Facebook, Airbnb y Netflix, entre muchas otras.

En Colombia, la reforma tributaria de 2016 determinó que los servicios ejecutados desde el exterior con destino a usuarios en el país pagarían la tarifa general de IVA de 19%.Es decir, la regulación aplica un principio de “destino” y mira la ubicación de quien paga el servicio. Y para efectos del recaudo, en el momento del pago realizan la retención las entidades emisoras de tarjetas crédito y débito, los vendedores de tarjetas prepago o los recaudadores de efectivo a cargo de terceros. Podrán acogerse voluntariamente a este sistema alternativo de pago el suministro de servicios audiovisuales prestados a través de plataformas digitales, así como los servicios de publicidad online. Se excluyen los servicios de educación virtual y licencias de software para desarrollo de contenidos digitales, así como el suministro de páginas web, hosting y cloud computing (lo que más genera discusión).Entre enero y junio de 2019, los servicios prestados desde el exterior han pagado un IVA alrededor de $149.440 millones. Se trata de unos 20 contribuyentes, afirma Andrés Pardo, subdirector de Recaudo y Cobranzas de la Dian.

Explica que no es posible tener una base comparable, dado que la norma empezó a regir desde este año, pero que buscarán chequear mediante información exógena el recaudo de este tipo de servicios. Al hablar de servicios prestados desde el país, Pardo explica que no hay una actividad económica que agrupe todas las plataformas digitales, lo que dificulta establecer cuánto factura la economía digital. Claramente la regulación no ha avanzado a la misma velocidad que la tecnología. Como dice el experto Juan Guillermo Ruiz, “Colombia ha avanzado desde una perspectiva práctica en un tema bastante complejo. No obstante, hay que definir unas reglas de juego claras rápidamente. Hay que plantear las discusiones que se desarrollan en el mundo, como la presencia digital significativa o un impuesto único a los servicios digitales”.